APROVECHAR LA CRISIS

Eco. DILIA JARABA SÁNCHEZ
ESCUELA DE CONSULTORES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Las Universidades públicas del país atraviesan una crisis financiera estructural desde hace varias décadas; la Ley 30 de 1992 otorga la autonomía universitaria y precisa cómo debe construirse el presupuesto de las universidades públicas; el legislador determinó que el aporte de la nación debía ajustarse anualmente usando el IPC como indicador; sin embargo, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales de las universidades del estado es competencia del Gobierno Nacional, situación que ha generado controversia entre los estamentos universitarios toda vez que la expedición de leyes y decretos han originado un desbordamiento de los costos por encima del IPC no contemplados en los presupuestos y que va en contravía con la autonomía universitaria.
El Decreto 1279 de 2002, que contempla una serie de estímulos económicos a los profesores por productividad académica, investigativa y obtención de títulos de posgrados, impacta la nómina y se presenta como un problema económico que la universidad pública debe asumir con sus propios recursos, según el SUE-2009 los costos de nómina alcanzaron un aumento entre 5,5% y 9% de las finanzas de las universidades.
Adicionalmente, la Sentencia C-006 de 1996 otorgó a los docentes ocasionales vinculados a la Universidad el derecho a las prestaciones sociales y seguridad social tal como se reconoce a los de planta y, el Decreto 404 de 2006 otorga el derecho a que se les reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación a los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a las entidades públicas del orden nacional y territorial que se retiren del servicio antes de cumplir el año de labor.
Así mismo, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones se incrementaron según Ley 797 de 2003, Decreto 4982 de 2007, Decreto 2090 de 2003 y Ley 1122 de 2007. Los aportes patronales en pensión en el año 2003 eran de 10.125% y pasaron en el año 2007 a un 12% hasta la fecha. La Ley 1122 de 2007, hizo modificaciones a el Sistema General de Seguridad social en Salud, incrementando al 8.5% los aportes patronales de salud que venían siendo del 8% desde el año 1994.
La Ley 403 de 1997 le otorga a el estudiante de institución oficial de educación superior el derecho a un descuento del 10% del costo en matricula si acredita haber sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos; posteriormente, la Ley 815 de 2003, amplia el alcance haciendo efectivo el derecho en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar.
Las universidades públicas dependen en un alto porcentaje de lo que la nación les transfiere y las del orden departamental y municipal nunca han sido financiadas por el departamento o por el municipio a excepción de la Universidad Distrital de Bogotá y la Universidad de Cundinamarca.
Los recursos propios oscilan entre el 5% y el 10%, salvo la Universidad Nacional que genera un 30% del total del presupuesto. En realidad los aportes de la nación sólo alcanzan para financiar los gastos de funcionamiento, mientras que para gastos de inversión los recursos son insuficientes.
El Gobierno ejerce vigilancia y control a través del Ministerio de Educación Nacional y exige cada vez más a la educación superior calidad, pertinencia, eficacia y gobierno universitario; de otra parte, la cualificación docente es cada vez más exigente por parte de Colciencias para el escalafonar a los grupos de investigación.
El resultado de la desfinanciación de las universidades públicas se manifiesta en los indicadores del modelo de calidad de la educación superior 2009; los incentivos económicos y su distribución según el artículo 87 de la Ley 30 se redujeron al 50% para el 2010 con respecto al monto anterior, según cifras del Sistema Universitario Estatal -SUE 2009
Creo que si los rectores de las universidades públicas en vez de concentrarse tanto en la compensación de los recursos que han generado el rezago presupuestal con la diferencia del IPC, se concentraran más bien en aumentar los recursos por autogestión, a través de la venta de servicios de maestrías, doctorados, cursos, diplomados, crear o fortalecer los centros de consultoría y también incentivar a sus grupos de investigación para que participen en convocatorias nacionales e internacionales que permitan financiar los proyectos de investigación, otra cosa serían las finanzas de las universidades públicas.
Si bien es cierto que el Estado debe cumplir con su responsabilidad social de manera imperativa en un país de grandes desigualdades y necesidades socioeconómicas, también es cierto que el reto de las universidades públicas es asumir los grandes desafíos frente a una globalización que exige éxito académico; mientras la Universidad pública pierde su capacidad competitiva con pésimos indicadores, la preocupación de sus estamentos gira en torno a la violación de la autonomía universitaria, la asfixia presupuestal y a la predicción de la liquidación de la educación superior estatal.
Hoy, la integración, las finanzas y la información están creando una cultura y un mercado global único; nos encontramos en lo que Friedman llama "un tren sin freno". Ante los desafíos de la modernidad, como afirma el profesor Roque, los miembros de la universidad pública no deben resignarse a ser sujetos pasivos de los procesos desintegradores que están en marcha; requieren ser protagonistas de procesos integradores, respondiendo con velocidad de innovación mayor que la pérdida de viabilidad. La Universidad necesita ese “Motor para el Cambio y lo necesita encendido en cada uno de sus miembros y en cada uno de los sistemas a los que pertenece”.
Bajo tal escenario, la universidad pública requiere con urgencia renunciar a los viejos estilos de gerencia, que de acuerdo al círculo vicioso del incumplimiento a que hace referencia el profesor Roque en su documento titulado “Gerencia del Cambio Cultural “, es necesario abandonar las excusas, cumplir las metas, no aceptar los defectos y escapar de esa suerte de destino ineludible”; hay que generar climas de confianza instalando el mejoramiento continuo de los procesos que exigen cambios culturales; “lo que hoy es permitido mañana será inaceptable”.
Suele ocurrir con frecuencia en la universidad pública que en los cargos directivos se colocan funcionarios en situaciones de poder, sin las competencias suficientes para contribuir al mantenimiento y desarrollo del sistema, que perturban el mejoramiento, en vez de producir valor, a los funcionarios públicos que desempeñan estos roles les cabe la responsabilidad social y responsabilidad ambiental; tienen que tomar conciencia, como dice Argyris, “de su contribución individual a los problemas que censuran”. Apropiarse del proceso de dirigir la institución o el sistema social y responder por las consecuencias.


Bibliografía

SUE 2009
Gestión de Recursos, Roque J. Alfonso S., 2.007
Gerencia del Cambio Cultural, Roque J. Alfonso S.,1.993